El día 15 de octubre
del año 2000, durante la transmisión en vivo del sorteo de 200 mil bolivianos a
cargo de la Lotería, ante la vista de todos los televidentes, la modelo a cargo
de recoger los bolillos numerados sorteados por la tómbola, tomaba el bolillo
de la máquina para llevarlo hacia la espalda y claramente hacía el cambio por
otro número.
El caso derivó en la
acusación por estafa al empresario a cargo del sorteo, a la modelo protagonista
del cambio y otras dos modelos presentes durante el evento.
A raíz de este suceso,
quedó en evidencia que el país carecía de una normativa específica a tales
actividades y era necesaria una regulación a las diferentes formas de juegos de
azar.
Los juegos de azar en
Bolivia, desde la fundación como República hasta finales del siglo XX, habían permanecido
en la clandestinidad por ser una actividad ilegal. Durante un corto periodo, el
año 1936, se establecieron permisos para la actividad en las ciudades de La Paz
y Oruro, pero con la promulgación del Decreto Supremo del 23 de julio de 1937,
se declaraba la actividad ilegal, inmoral y contraria a las buenas costumbres y
se ordenaba la clausura inmediata de todos los establecimientos. Fue hacia el
año 1996 que el gobierno, a través del Decreto Supremo 24446, confiere a
LONABOL las facultades para fiscalizar, controlar y administrar los juegos de
azar, así como otorgar concesiones para la realización de la actividad previa
licitación pública de acuerdo a las disposiciones legales aplicadas a procesos
de contratación. A partir de ese año, se otorgaron licencias temporales a 200
salas de casinos y tragamonedas, con el fin de prevenir el crecimiento ilegal
de esta actividad.
A partir del año 2003,
con la promulgación del Nuevo Código Tributario, el Servicio de Impuestos
Nacionales realizó varios operativos y clausuras temporales por el mal proceder
en el proceso de facturación. El jugador ingresaba al salón, cambiaba los
billetes por las monedas del corte aceptado por las máquinas o por las monedas
del salón y en la mayoría de los casos se omitía la emisión de la factura.
En el año 2005 se
producía el cambio de mando en el Estado y, para el nuevo gobierno, se hacía
evidente la necesidad de establecer un ente regulador que garantice la
seguridad de los participantes en juegos de azar, la transparencia de las
actividades de las casas de juego y limitaciones que eviten que un jugador
pierda su patrimonio.
Hacia el año 2007 se
inició el tratamiento de una ley que regulase la actividad de juegos de azar y
apuestas. Entre las principales razones que impulsaron el proyecto de ley, se
encuentran el acontecimiento descrito al inicio, la creciente desconfianza de
la población respecto de la autenticidad de los sorteos y promociones
realizados por las empresas privadas, además de la falta de control en las
máquinas de juego, que fácilmente podían ser manipuladas en su mecanismo de
premiación. Además, se encuentran las consecuencias sociales que produce la
adicción al juego.
El año 2010, finalmente
se promulga la Ley 060, Ley de Juegos de Lotería y de Azar. Si bien la norma no
prohíbe la realización de actividades de juegos de azar y apuestas, establece
regulaciones para la constitución de establecimientos de juego en el país,
además de severas infracciones a quien transgrediera la norma.
Entre los principales
aspectos de la regulación, la norma señala que:
-
Los operadores de juegos deben proporcionar al
jugador la información sobre la operación y procedimientos para los juegos
ofertados.
-
Los operadores deben garantizar y asegurar el
desarrollo de los juegos pagados y otorgar a la conclusión del juego la
totalidad de los premios ganados por el jugador.
-
Las empresas que realicen la actividad de
juegos de azar, deben tener un patrimonio de 350 mil dólares estadounidenses.
Así también, se
establece el impuesto al juego, con una alícuota del 30%, aplicado sobre los
ingresos brutos por la actividad; para el caso de actividades de promoción
empresarial, el impuesto es del 10% sobre el valor del premio ofrecido. A la
par, se crea el impuesto a la participación en juegos, afectando a las personas
naturales que participen en juegos de azar, con una alícuota del 15% sobre el
precio de venta de las rifas, talonarios, boletos, formularios, bingos, fichas
o cualquier medio que otorgue al jugador el derecho de participar en las
distintas modalidades de juego. Con estos tributos, el Ministerio de Economía y
Finanzas proyectaba una recaudación anual por de alrededor de 200 millones de
bolivianos.
En 2011, se crea la Autoridad
de Fiscalización del Juego, como una institución pública con personería
jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa, financiera,
legal y técnica; supeditada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, con
jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional, Institución
encargada de regular, controlar y fiscalizar las actividades de Juegos de
Lotería, Azar y Sorteos, además de las Promociones Empresariales.
La Ley concedía a las
casas establecidas el plazo de 120 días para su adecuación y regularización de
la documentación necesaria para tramitar las licencias de funcionamiento; sin
embargo, muchos establecimientos vieron por conveniente cerrar sus operaciones
y otros más, recibieron la negativa en el trámite, por carecer de documentación
específica o no cumplir con requerimientos técnicos.
Una vez cumplido el
plazo establecido, se realizaron numerosas inspecciones e intervenciones a las
casas de juego que continuaban operando, tanto para conocer si se encontraban
cumpliendo con la normativa y en observación de que los procedimientos
tributarios se encontrasen en aplicación.
Uno de los
establecimientos más afectados por estos controles, fue el Bingo Bahití.
El Bingo Bahití había
iniciado sus operaciones en Santa Cruz el año 2003. Se trataba de un proyecto
millonario de la compañía europea Lotex S.A., que incluía la expansión a las
ciudades más importantes del país, con una inversión programada de alrededor de
15 millones de dólares.
Pronto el proyecto se
materializó, y las sucursales del Bingo Bahití se establecieron en las
principales ciudades del país. La fama del Bingo creció de inmediato, pues no
solo ofrecía un centro de juegos de azar, si no un espacio para el desarrollo
de espectáculos y eventos de farándula, con una frecuente concurrencia de
personalidades de los medios e incluso políticos que asistían a tales eventos.
Pero el año 2005, una
auditoría realizada a la empresa Lotex por el presunto incumplimiento a los
términos de la concesión suscrita con Lonabol, establecía una deuda de 6,7
millones de dólares, monto que, en el año 2007, cuando se presentaba la
denuncia formal al Ministerio Público por fraude, se estimaba en 18 millones de
dólares.
En todos los casos, gracias
a la habilidad de sus abogados, el Bingo pudo interponer varios recursos,
inclusive valiéndose de normas de antigua data que pudieran favorecerles.
Bajo estos
antecedentes, no es de extrañar que, posterior a la promulgación de la Ley 060,
el Bingo Bahití fuera el objetivo principal de la recién creada Autoridad de
Fiscalización del Juego.
El 13 de julio de 2011,
a pesar de la constante movilización de sus trabajadores pidiendo mantener la
fuente laboral, el Bingo Bahití finalmente es clausurado. El gerente general de
la empresa fue detenido bajo la acusación de enriquecimiento ilícito con
afectación al Estado, delitos enmarcados en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz,
habiendo defraudado 500 millones de dólares. Además, se realizó el decomiso y
destrucción de las máquinas que operaban en el establecimiento, iniciando el
proceso de cobro coactivo de la deuda con el Estado.
El caso tomó mayor
relevancia, cuando en el allanamiento realizado a la casa del ex gerente
general del Bingo Bahití, documentos y medios informáticos implicaban al menos
a 16 legisladores de diferentes departamentos del país. Así también, la
investigación se extendía a funcionarios de alcaldías y gobernaciones, cuyos
nombres figuraban en informes contables, pasajes aéreos, pagos de hoteles y
facturas.
Pronto se implicaron a
otros funcionarios y ex funcionarios en el proceso de investigación. Por una
parte, los funcionarios de LONABOL que habían participado en el proceso de la
otorgación de la concesión a LOTEX S.A. eran señalados por el Ministerio de Transparencia
y Lucha Contra la Corrupción por haber ocasionado un daño económico de cerca de
64 millones de dólares al Estado, acusando a los funcionarios por delitos de
conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
Por otra parte, funcionarios del Servicio de Impuestos que participaron en
operativos a la entidad y habrían hecho “la vista gorda” ante las
irregularidades que se cometían en el Bingo.
En muchos casos, se
presume que los funcionarios realizaban trabajos como asesores del Bingo, y en
otros, recibían pagos a cambio de dar curso a los recursos presentados por el
Bingo o entorpecer los procedimientos legales en su contra. Entre los
funcionarios implicados en el caso se encontraría el entonces Senador Roger
Pinto, a quien, entre las acusaciones de las que ya se encontraba defendiendo,
se sumaba el haber recibido dinero de esta casa de juegos.
En junio del año 2013
el ex gerente general del Bingo Bahití fue liberado, generando la acusación por
prevaricato del juez que dio curso tal resolución. El ex Senador Roger Pinto
huyó a Brasil pidiendo asilo político y falleció el año 2017.
Al día de hoy, habiendo
transcurrido 7 años, el caso continúa en un largo proceso judicial, extendiendo
la investigación por Responsabilidad en la Función Pública, de acuerdo a la Ley
1178, cada vez a más funcionarios públicos implicados en hechos de corrupción y
de extorsión, tanto de la gobernación, alcaldías, órganos judiciales y
entidades de regulación, en lo que se ha denominado el “árbol de corrupción”.
